Caso Rosé: la prisión preventiva quedó firme y es inminente arresto de policías 

La jueza de Instrucción Nº 3 de la ciudad de Co­rrientes, Josefina González Cabañas, rechazó ayer los planteos de las defensas de los 5 policías por ella proce­sados días atrás en el marco de la causa por la muerte del joven Lautaro Rosé, quedan­do firme la orden de prisión preventiva para los mismos, la cual debía efectivizarse en el transcurso de estas horas, caso contrario deberán ser declarados como prófugos. 
Fuentes judiciales infor­maron que la decisión fue adoptada por la magistrada luego de que tanto la de­fensa como la querella (en representación de la familia de la víctima) presentaran recursos para modificar lo dispuesto el pasado miérco­les, cuando dio por cerrada la etapa de instrucción pro­cesando a 5 de los 11 agentes de la fuerza policial imputa­dos por el hecho, ocurrido el 18 de noviembre del año pa­sado en la Costanera Sur de la Capital. En particular, los abogados que representan a los efectivos que quedaron ligados a la causa en calidad de autores materiales de los delitos de abandono de persona seguido de muerte, apremios ilegales e incum­plimiento de los deberes de funcionario cuestionaron la decisión de la jueza y so­licitaron no solo que retro­traiga su decisión, sino que también deje sin efecto la orden de arresto inmediato para estos efectivos. En tan­to, el abogado querellante, Hermindo González, había pedido que se revea la falta de mérito dictada en favor de los restantes 6 acusados, al considerar que estos tam­bién tuvieron algún grado de participación en lo sucedido. Ambos planteos fueron des­estimados por la jueza Gon­zález Cabañas quedando fir­me de esta forma su decisión anterior, aunque ambas par­tes podrían interponer nue­vos recursos en instancias superiores. No obstante, con la decisión judicial adoptada la prisión preventiva que re­cayó sobre los funcionarios quedó activa y debe ser eje­cutado por personal idóneo en el transcurso de hoy, ya que al cierre de esta edición no se había reportado la de­tención de ninguno de los procesados como tampoco su presentación espontánea en una sede policial para quedar a disposición de la autoridad requeriente. 
La magistrada había de­cidido procesar a los 5 po­licías, 4 de ellos miembros del Grupo de Intervención Rápida (GIR) y el restante del Grupo de Respuesta In­mediata Motorizada (Grim) en base a los elementos de prueba producidos por las distintas partes involucra­das en el proceso. El testi­monio de un amigo de la víctima, que al momento del hecho era menor de edad, fue determinante para la re­construcción de los hechos así como la determinación de los distintos roles y res­ponsabilidades que les ca­bría a cada uniformado, ya que no todos están acusados del delito más grave, el de abandono de persona. 
De acuerdo con la declara­ción del adolescente en sede judicial, tanto él como Rosé, de 18 años, se vieron obliga­dos a arrojarse al río Paraná en zona de la playa Arazaty luego de que los agentes los persiguieran hasta ese sec­tor, próximo al club Boca Unidos, y allí efectuaran disparos con balas de goma. El testigo logró regresar a la costa, donde fue alcanzado por los agentes quienes le aplicaron golpes y lo ame­nazaron de muerte antes de dejarlo ir. Lo determinante fue que en esa narración el joven insistió en que los po­licías no intervinieron para rescatar a su amigo pese a que oían que pedía socorro, ya que no sabía nadar, ha­ciendo caso omiso a las sú­plicas. 
El cuerpo fue hallado tres días más tarde río abajo, a la altura del cementerio San Juan Bautista, y la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por in­mersión y no presentaba otros signos de violencia. La prisión preventiva tiene por objeto evitar entorpe­cer el curso del expediente que ahora deberá pasar a la esfera de los Tribunales para fijarse fecha de juicio. Se espera que una vez apre­sados los funcionarios acu­sados sean alojados en las dependencias del cuartel de Bomberos de la Policía, lugar habitual de detención del personal policial masculino encausado. s